El contrato de maquila agroindustrial como solución en las economías regionales de la provincia de Formosa

El Campo 16 de agosto de 2017 Por Demían Alegre Fruttero*
Este artículo de doctrina fue seleccionado por el curso de posgrado de la Universidad Austral. El escrito es una producción del joven abogado Demían Alegre Fruttero y fue publicado en la revista de agronegocios de la Universidad
DEMI

El contrato de maquila agroindustrial como solución en las economías regionales de la provincia de Formosa

Análisis de factibilidad en las plantas de alimentos balanceados

En la provincia de Formosa los pequeños y medianos productores se dedican en mayor proporción a la producción de ganado bovino, representando a más del 70% de la producción ganadera. El resto de las actividades ganaderas se distribuyen en la cría de cerdos, pollos, chivos, ovejas y búfalos.

La provincia cuenta con aproximadamente 140.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola y cerca de 400.000 has. implantadas de pasturas. Las principales actividades son el cultivo y elaboración de algodón (30.000 has.) y la producción de arroz (8.000 ha). También se cultivan maíz, sorgo, girasol y soja, pero en una proporción mucho menor.

Particularmente, en el sector avícola y porcino, la estructura actual de los costos de carne de cerdo, pollo y huevos está altamente influenciada por el valor del alimento balanceado, llegando éste a representar aproximadamente el 70% de los costos totales en la producción de un kilogramo de carne o de una docena de huevos. Los pequeños y medianos productores han tenido muy poca posibilidad de influenciar el costo de su principal insumo: “el alimento balanceado”, dedicándose exclusivamente al proceso de sistemas de producción a campo, con eficiencias productivas que en la mayoría de los establecimientos no es la adecuada.

En la práctica, los productores agropecuarios compran el alimento balanceado (principalmente para cerdos y aves, y excepcionalmente para ganado bovino) directamente de la agroindustria, en algunas pequeñas plantas de la zona o en cooperativas agropecuarias de otras provincias, como por ejemplo en el Chaco. O bien, adquieren el producto con un precio más elevado en las agroveterinarias que se encuentran en la capital y en el interior de la provincia de Formosa. Estas últimas funcionan como un intermediario al cual se recurre con frecuencia cuando las plantas industriales se encuentran alejadas del establecimiento rural. De igual manera, en ambos casos los productores agropecuarios pagan un alto costo por el alimento balanceado, ya sea por el precio en si del kilogramo o por el flete que se realiza en camiones o en camionetas.

Alternativas jurídicas para el acuerdo de voluntades

Existen diversos contratos para relacionar a las partes, como la compraventa, la permuta y el contrato de maquila.

La compraventa es un contrato por el cual el productor agropecuario transfiere la propiedad de los granos al industrial, a cambio de una suma de dinero que se determina por el precio de pizarra en Rosario, menos el flete. Luego, el elaborador vende a los productores ganaderos de la zona, el producto agropecuario con el valor agregado transformado en alimento balanceado. En este aspecto, se realizan dos operaciones distintas a cambio de un precio cierto en dinero. Como es una compraventa, en ambos casos las partes tienen que emitir factura y pagar los impuestos correspondientes.

En relación a la permuta, el artículo 1172 del Código Civil y Comercial expresa que “Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero”. En pocas palabras, es un contrato de intercambio en el que las partes se entregan bienes y no dinero. Es decir, las partes se intercambian granos por “granos con valor agregado”, con la presencia de núcleos vitamínicos y a veces con asistencia técnica. En esta figura, se presenta un inconveniente para las partes, ya que se paga un extra en dinero por los agregados que realiza el industrial. Y en cuanto al IVA, se producen dos entregas de bienes, y si ambos sujetos son empresarios, deberán declarar el IVA correspondiente a cada hecho imponible. También, al igual que la compraventa, se responde por evicción de los bienes.

Por su parte, el término maquila se utiliza para designar “producción de cuenta ajena”. Proviene del árabe maquila (medida de capacidad). Su origen como figura jurídica se remonta al feudalismo francés del siglo XI y XII, a la par de otras manifestaciones industriales, como los molinos harineros. Como antecedente en la Argentina, la industria del azúcar y de los vinos son los pioneros en utilizar la maquila como herramienta legal para sus transacciones comerciales. Para el sector vitivinícola se dictó la primera ley 18.600 en el año 1980. Finalmente, se sancionó la ley 25.113 “Contratos de maquila” en 1999.

La ley define el contrato de maquila en el artículo 1: “Habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando el productor agropecuario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan para sí.

El productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponde. El procesador o industrial asume la condición de depositario de los productos finales de propiedad del productor agropecuario debiéndolos identificar adecuadamente; estos productos estarán a disposición plena de sus titulares.

En ningún caso esta relación constituirá actividad o hecho económico imponible”.

El artículo 6 de la ley establece que sus normas son aplicables a todos los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de calidad agropecuaria para su procesamiento, industrialización o transformación.

Ventajas legales, comerciales y fiscales de la maquila

El contrato de maquila es un contrato agroindustrial, innominado, de colaboración y de integración vertical, ya que en esencia un productor agrario se relaciona con un empresario industrial para que éste transforme el producto primario contra un porcentaje del producto final.

Se trata de un contrato formal que “deberá inscribirse a pedido de parte en los registros públicos que se crearen en la jurisdicción de cada provincia”. La ley no aclara cuáles serían las consecuencias por omisión de la registración. No obstante, la misma sirve como modo de publicidad con respecto a terceros al solo efecto de su oponibilidad en caso de concurso o quiebra del elaborador.

La ley de maquila en el artículo 8 dispone una modificación a la ley de Concursos y Quiebras 24.522, en el artículo 138 que regula los bienes de terceros. Allí se determina que cuando existen en poder del fallido bienes que le hubieran sido entregados por título no destinado a transferirle el dominio, los terceros que tuvieren derecho a la restitución pueden solicitarla. La ley de maquila agregó en el primer párrafo del artículo 138 que se incluyen en esta norma los bienes obtenidos de la transformación de productos elaborados por los sistemas denominados “a maquila”, cuando la contratación conste en registros públicos.

El contrato debe contener los datos necesarios para individualizar la cantidad de materia prima que el productor entregue en depósito, el porcentaje que le correspondería a cada parte, el derecho de inspeccionar que tendrá el productor agropecuario y la eventual responsabilidad por el daño en la elaboración.

El objeto del contrato consiste en que un productor entregue su producto agropecuario (como el maíz amarillo, el sorgo y la soja) al industrial, y este último elabore el alimento balanceado, con la obligación de entregar al productor el porcentaje convenido con valor agregado, y el derecho de retener para si el porcentaje que le corresponde. El alimento balanceado será de la misma calidad para las dos partes, en donde la única diferencia que pudiere existir se daría en el caso de las fórmulas o raciones que el productor agropecuario precise para sus animales. El productor agropecuario nunca pierde la propiedad de los granos, el mismo vuelve al establecimiento rural en forma de valor agregado para el alimento de sus animales, principalmente cerdos y aves, y excepcionalmente en periodos de sequías o inundaciones a bovinos, equinos y bufalinos. Con respecto al industrial, podrá vender su porcentaje a grandes productores agropecuarios o bien fomentar políticas agropecuarias de inclusión con la participación de los municipios.

En este aspecto, la figura contractual permite suponer que el mismo productor produce alimento para su ganado, y por ende no existiría operación comercial, lo que constituye una de las ventajas fiscales de la maquila. De ahí la exención impositiva que determina el último párrafo del artículo 1: “En ningún caso esta relación constituirá actividad o hecho económico imponible”. Sin embargo, la exención queda sujeta a la inscripción de los contratos en los respectivos registros. En el caso de la maquila de caña de azúcar, la AFIP dictó la resolución general 3099/2011 para los registros de los contratos respectivos, que obliga a inscribir los contratos de maquila de caña de azúcar a efectos de su oponibilidad y de la operatividad de la exención contenida. En este sentido, si aplicamos por analogía a los contratos de maquila para otros productos agropecuarios, la AFIP podría exigir tal registración. En la provincia de Santa Fe la Resolución N° 1098/15 creó en el ámbito de la Secretaría del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles de la cartera productiva, el Registro Provincial de Contratos de Maquila celebrados en el marco de la Ley Nacional N° 25.113” y según lo dispuesto por decreto provincial N° 2506/2015.

Conclusión

Por lo dicho anteriormente, un servicio de maquila para el alimento balanceado es una herramienta favorable para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona, ya que los costos se verían reducidos por el aporte de materia prima agropecuaria, motivando el aumento de la siembra de maíz amarillo, sorgo y soja, con procesos de molienda y mezclados para los dos primeros y mecanismos de desactivación del poroto de la soja. Asimismo, para el industrial también representa una buena oportunidad porque sólo necesita disponer de dinero para las compras de algunos núcleos vitamínicos y no grandes sumas dinerarias para la compra de los granos.

Además, es posible suponer que en el futuro el Estado asuma un rol activo de incentivo de esta herramienta contractual, ya que permitiría el desarrollo económico en las economías regionales de la provincia de Formosa. En este sentido, en la actualidad diversos países de Latinoamérica, como Chile, Uruguay y Perú utilizan los Estimados de Apoyos a Servicios Generales. Estas políticas agropecuarias de apoyo general, denominadas también como “subsidios inteligentes”, se está expandiendo en varias partes con buenos resultados.

La evidencia, tanto dentro como fuera de la región de Latinoamérica, muestra que el gasto público en la agricultura, destinada a la prestación de bienes del sector público (por ejemplo, infraestructura rural, la innovación tecnológica, sanidad agropecuaria, información de mercado) tienen mayores rendimientos y mayor cobertura que los gastos públicos asignados hacia la provisión de bienes privados como la compra y distribución de insumos o subsidios a la producción. Por ejemplo, la rentabilidad de la inversión en la infraestructura rural, la innovación agrícola y la educación rural tienden a ser más altos que los rendimientos de los gastos públicos destinados a bienes privados, tanto en América Latina y el Caribe, así como en otras partes del mundo. La provisión de bienes públicos destinados a la agricultura se puede hacer tanto por el Estado, así como por el sector privado. Cuando hay fallas de mercado que impiden la prestación de dichos bienes por el sector privado, como por ejemplo la innovación tecnológica y la infraestructura rural; el Estado puede aplicar instrumentos alternativos para compensar estos fallos, que pueden incluir los subsidios inteligentes.

Es por ello que se podría pensar para nuestro país, y particularmente en la región del NEA, la posibilidad de establecer convenios públicos-privados entre los gobiernos (locales, provinciales y nacionales) y las pequeñas industrias, a través de la utilización de estos “subsidios inteligentes”. Con eje central en la elaboración de alimentos balanceados para ganado menor y mayor, y en la utilización del contrato de maquila como mecanismo eficaz para garantizar a los productores agropecuarios y a la agroindustria, una mayor rentabilidad, un incremento de la previsibilidad agropecuaria y la posibilidad de transformar el producto agropecuario con un menor costo. Su posible operatividad e implementación, permitiría:

a) Previsión y seguridad jurídica en las relaciones comerciales de las partes.

c) Planificación y ordenamiento territorial de las producciones agrícolas y ganaderas.

c) Fuente de estadísticas e información de las producciones que den la previsibilidad para inversiones y negocios agropecuarios a nivel macro.

d) Reducción de costos, con referencia a lo comercial y fiscal.

f) Fomento hacia la cooperación entre sectores públicos y privados, y entre productores agropecuarios y elaboradores de la agroindustria.

*Abogado, oriundo de la localidad formoseña de San Francisco del Laishí

-Revista Jurídica de Agronegocios. IJ Editores-

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