Corrientes: Ordenan a la Dpec abstenerse de aplicar aumentos en la tarifa de energía eléctrica

El País 13 de julio de 2017
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 hizo lugar a un amparo planteado por la Asociación de Usuarios y Consumidores que cuestionó la falta de una audiencia pública. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes debe abstenerse de aplicar el aumento de febrero y marzo
DPEC

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Usuarios y Consumidores, y ordenó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes -Dpec-  no aplicar el nuevo cuadro tarifario, manteniendo el régimen anterior. La medida tendrá vigencia hasta que haya una sentencia firme en esta causa.

La resolución fue firmada por la doctora María Belén Güemes, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2. La magistrada resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación de Usuarios y Consumidores. Suspendió los efectos de la resolución 232/17 de la Dpec y del decreto 516/17, ordenando a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes que se abstuviera de aplicar el nuevo cuadro tarifario para la distribución de energía eléctrica, manteniendo el régimen anterior.

También ordenó que no se interrumpa el servicio en el domicilio de los usuarios por falta de pago del consumo correspondiente a febrero y marzo de 2017, hasta tanto no se remita una nueva facturación de esos períodos, conforme el régimen anterior.

La medida, que tendrá vigencia hasta que haya sentencia firme en la causa, fue notificada a la Dpec este miércoles, bajo apercibimiento de ley. 

La Asociación de Usuarios cuestionó la falta de realización de una audiencia pública, puesto que la que tuvo lugar en el municipio de Santa Rosa, el 22 de marzo pasado, no correspondía al expediente administrativo en cuestión. 

En el fallo, la doctora Güemes indicó “En efecto, surge en este análisis preliminar -propio del proceso cautelar y sin haber oído aún a la parte demandada- que los actos cuestionados -resolución 232/17 de la Dpec y decreto 516/17- en definitiva establecieron nuevos valores tarifarios sin que haya existido ningún tipo de participación de los usuarios y consumidores ni de las asociaciones que los nuclean. No surge que se haya realizado la correspondiente audiencia pública que exige en forma expresa y contundente la Ley 6.073 en su artículo 21”.

-El Litoral-

Boletín de noticias